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| Taller: claves del núcleo del proceso debido. Guion de periodismo (última exposición). |
Resumen
El
problema que se plantea es el de la evidencia
en los juicios orales. Hoy en día, no basta hacerle ver al juez los hechos que
habrá de juzgar, sino hacerle sentir los hechos sobre las que recaerá su juicio.
La ventaja de esta idea es que se le da su lugar a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación [TICs] que producen otro modo de sentir, percibir
e interpretar los hechos y las leyes penales.
Introducción
No
cabe duda que las TICs presentan y representan un medio de vida nuevo en la Historia, dando paso a un lenguaje también nuevo y suscitando una cultura igualmente nueva, en donde
el protagonista es y seguirá siendo el ser humano.
El
objetivo particular de este artículo es señalar la novedad del proceso penal acusatorio. Por lo tanto, el área de estudio
es el derecho procesal penal, pero se trata de un campo en el cual converge
también el derecho sustantivo penal. Es decir, en este punto coinciden el
derecho adjetivo y el sustantivo.
En
países marginados como el nuestro y en materia procesal penal, la novedad es
una manera nueva de sentir los hechos y las leyes —que en tanto que son objetos
construidos, también son hechos—
y, por lo tanto, un modo nuevo de percibir esos hechos y esas leyes. En
consecuencia, en este mundo posmoderno se está ante una interpretación nueva de
los mismos.
La
novedad del proceso penal acusatorio no
son las TICs, propiamente tales sino el modo nuevo de sentir, percibir e
interpretar que ellas han desarrollado. A este respecto, los principales
avances se observaron en Baja California Sur y Yucatán, aun cuando no se puede
desdeñar los avances que tuvieron Chihuahua, Estado de México y Morelos,
entidades federativas que se convirtieron en primer lugar en todos los ejes
temáticos de la implantación del Sistema de Justicia Penal nuevo en México.
No
obstante, ninguna de las Entidades Federativas ni la Federación lograron
manifestar la quintaesencia de esa novedad.
La referencia a un trabajo relacionado y publicado previamente es E-Justicia: La Justicia en la Sociedad del
Conocimiento. Un reto para los países Iberoamericanos.
Metodología
El
asombro que produce haber conocido el Sistema Informático de Gestión
Integral (SIGI), presentado y diseñado
por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal en el país y, más tarde, obtener el conocimiento
de los avances en la materia por parte del Estado de Baja California Sur y
Yucatán, es el origen de la presente reflexión.
O,
quizás, no es propiamente su conocimiento sino su crítica, ya que es sabido que
un sistema construido por la razón puede guardar un paralelismo con la realidad
social y que mientras el paralelismo sea exacto se podrá progresar gracias a
procedimientos puramente racionales, pero el peligro se esconde tras la falsa
confianza del ser humano en ese proceder puramente racional, que se puede
apartar de la realidad, sin que él pueda percibir ese apartamiento.
De aquí que el punto de arranque que
se reconoce para descubrir y revelar la novedad del proceso penal acusatorio es
la distinción entre, por una parte, la Reforma Constitucional en los libros y,
por otra, de la Reforma Constitucional en la acción. Sergio García Ramírez
también reconoce esa distinción con las siguientes palabras: “En este ámbito es
preciso distinguir entre la reforma normativa exaltada por el discurso oficial
que la acompaña, y la realidad abrupta que esa reforma está llamada a enfrentar
y corregir.” (García Ramírez, 2011: 41).
Aunado a lo expuesto en el párrafo
anterior, están los juristas que no solamente distinguen sino que juzgan utópico
el Sistema de Justicia Penal nuevo. Así por ejemplo, Jesús Zamora Pierce en su
libro Juicio Oral, Utopía y Realidad,
es radical. En la contraportada de esta obra breve puede leerse el motivo
conductor de la misma: “Parafraseando a
Quevedo diré que aplicar el juicio oral es imposible y, además, no se puede
hacer…Los autores de la reforma saben que el juicio oral no puede ser aplicado
y han concebido diversas vías de escape por las cuales pretenden encaminar la
casi totalidad de los litigios penales…En esta obra estudio esas vías de
escape, expongo la inconstitucionalidad de algunas de ellas y demuestro que el
juicio oral es una utopía que intenta ocultar la realidad: El Estado no tiene
la capacidad para llevar a cabo los juicios orales” (Zamora Pierce, 2012). Dentro
de sus páginas, las afirmaciones anteriores son matizadas, pero conservan su
tono beligerante.
En el primer aspecto de la Reforma
Constitucional —en los libros—
irrumpe la Dogmática jurídica y, del segundo aspecto de dicha Reforma —en
la acción— se ocupa la Historia del Derecho.
Pero, tanto los dogmáticos como los historiadores le han puesto trampas al
Sistema de Justicia Penal nuevo. A la trampa armada por los dogmáticos aquí se
le denominará “adoctrinamiento” y consiste en querer imponer a cualquier precio
y velozmente una doctrina jurídica determinada. A la trampa instalada por los
historiadores se le llamará “tardomodernidad” y es el intento de retrasar el
final de la tradición jurídica de occidente y con ello impedir el nacimiento de
una nueva era en el quehacer jurídico.
El tema específico del presente
comunicado es un fenómeno que consiste en la visión de las leyes penales como a
través de una nube. La obnubilación, fenómeno conocido de antaño en el proceso
de explicación, comprensión y aplicación de las normas jurídicas, es la acción
y efecto de obnubilar (nublar, ofuscar o confundir) y está condicionada por el
imaginario colectivo (siempre lo estuvo, aunque no se tuviera plena conciencia
de ello). Sin embargo, una verdadera novedad es que el imaginario colectivo se
encuentra exasperado por los medios masivos de comunicación social y de
diversión.
En general, aludiendo al quehacer
hermenéutico y no solamente a la hermenéutica jurídica, Guillermo Michel trata
de describir el fenómeno del siguiente modo: “Como entre neblina caminamos. Las
figuras del mundo se parecen a las sombras que emergen de una tarde neblinosa.
Se borran. De pronto se tornan nítidas al desaparecer la neblina por un
instante, y luego vuelven a sumergirse en la indefinición. Un esplendor confuso
nos envuelve, una resplandeciente sombra: la luminosa noche nos impide ver la
claridad sombría.” (Michel, 2001: 23). Quienes habitamos en la ruta de la
niebla comprendemos esta imagen cabalmente.
El
problema contemporáneo es que los sentidos del juez estén suspendidos,
arrebatados o cautivos. En una palabra embelesados. Lo expuesto conlleva la
sugerencia de que la voz “obnubilar” debe ser sustituida.
Ante
este requerimiento parece que la palabra indicada para dicha substitución es
“embelesar” (suspender, arrebatar, cautivar los sentidos). Por lo tanto, si el
propósito de nuestra ponencia es presentar una escena de embeleso en el
campo de la explicación, comprensión, y la aplicación de las leyes penales en
México, entonces nada mejor para abordar nuestro tema que recurrir a la poesía
de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695):
VERDE
EMBELESO
Verde
embeleso de la vida humana,
loca esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;
alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado,
y de los desdichados el mañana:
sigan tu sombra en busca de tu día
los que, con verdes vidrios por anteojos,
todo lo ven pintado a su deseo;
que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tengo en entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco veo.
Y
en la poesía el embeleso se transforma en encanto y, tras de él,
se asoma el desencanto, pues a la poetisa solamente le faltó aquel
adagio que se le atribuye a santo Tomás apóstol y en cuyo sentido se anuncia
con notable anticipación la actitud científica de la era moderna: “Hasta no ver
no creer” o “Ver para creer”. Aun cuando, el preanuncio de Sor Juana es más
próximo a la modernidad y mucho más cercano a nosotros: solamente lo que
toco veo.
No obstante, allí es precisamente en
donde anida el problema de la obnubilación, ya que a la hora de explicar,
comprender, y aplicar las leyes penales, las cosas del derecho —intangibles
como son— no se ven, ni siquiera “como a través de una nube” sino que se
sienten, exigen un sentido que la interpretación
habrá de descubrir o construir.
La
Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, de
2008, no fue la causa pero sí la ocasión para provocar un suceso o
manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de
atención, un embeleso por el procedimiento penal.
La dogmática y la historia
El
discurso oficial al avivar un sentimiento o pasión hacia la Reforma
Constitucional, de 2008, en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública,
propició que se perdiera de vista que toda ley es, en primer lugar, un acto de
razón, hecho ante el cual habrá que mostrase agradecido, ya que no es del todo
negativo. Pero, al pensar en la realidad abrupta que esa reforma está llamada a
enfrentar y corregir, sólo se está considerando la existencia de hecho y
esta fijación no permite llevar la mirada al fondo de las cosas, pues la realidad
de hecho se manifiesta caótica.
Ante este panorama, el Constituyente
Permanente decidió intervenir en la implantación del Sistema de Justicia Penal
nuevo y, el 5 de septiembre de 2013, aparece publicada en el Diario Oficial
de la Federación la reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de México para otorgar al Congreso de la Unión de los
Estados Mexicanos la facultad para expedir: “c) La legislación única en materia
procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y
de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el
fuero común.” Hoy, el Código Nacional de Procedimientos Penales es una realidad.
¿Estamos
presenciando una forma nueva de interpretar (explicar, comprender, y
aplicar) las leyes procesales penales en México? La respuesta es sí y no. Esta Entrada
solamente aspira a justificar dicha contestación
Puesto
que la ley constitucional es la primera ley penal (Zaffaroni, 2010: 37),
entonces no faltará quien afirme que la legislación secundaria en materia penal
es interpretación auténtica
de la Ley fundamental. Una afirmación tal sería errática, por decir lo menos, ya que se está
ante una verdad de Perogrullo: la legislación secundaria es no es producto de
la interpretación jurídica sino el resultado de un proceso legislativo, aun
cuando presuponga aquella interpretación.[2]
Solamente
que la interpretación presupuesta tampoco es “auténtica”, ya que el intérprete
no va a encontrar en la ley la respuesta correcta (Arango, 1999). Mariano Jiménez
Huerta lo advirtió hace años, he aquí la referencia: “Y aunque también es usual
hacer mención a una interpretación auténtica, esto es, la que se afirma
hace la propia ley, la impropiedad del concepto parece evidente, pues más que
ante una interpretación nos hallamos ante un límpido precepto de ley que al
magistrado corresponde aplicar, como otro cualquiera, tanto si estuviere
contenido en el mismo cuerpo o contexto de ley como si surgiere de otro
posterior, en cuyo caso habría de tener presente los problemas temporales
inherentes a ella.” (2003: 263-264).
Aquella respuesta es el motivo conductor del
presente comunicado y hace posible formular una hipótesis de trabajo: en
efecto, sí se está ante una forma nueva de interpretar (explicar,
comprender, y aplicar) las leyes penales en México. La diferencia entre dos
sistemas penales, uno tradicional y otro nuevo radica en el empleo de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación [TICs] por parte de los
hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
Las TICs presentan un medio de vida
nuevo en la historia, dando paso a un lenguaje también nuevo y suscitando
una cultura igualmente nueva. Nos encontramos en los albores de una
cultura mediática. Ciertamente, el
proceso penal acusatorio y oral es solamente una
manifestación de dicha cultura. Pero, esta manifestación es una acción
significativa (un texto actuado) que, por lo mismo, es también objeto de
estudio de la hermenéutica.
Sin
embargo, en esta Entrada se le denomina “adoctrinamiento” a la trampa puesta
por la dogmática jurídica. Se entiende por doctrina (del latín docere, enseñar) una afirmación que, por su
general aceptación, se enseña en las escuelas. En la práctica y en los tiempos
modernos es imposible que todas las escuelas enseñen lo mismo, a no ser que se
trate de afirmaciones a las que se les reconoce el carácter científico. Por
esto, la voz “doctrina” se reserva para aquellas afirmaciones defendidas por
una escuela de pensamiento (Villoro Toranzo, 1982: 13).
Conviene
advertir que la doctrina es algo más que una teoría, si no, no sería
enseñada por toda una escuela. Pero los argumentos que respaldan a una doctrina
son tales que por el momento no han logrado convencer a todos sino únicamente a aquéllos que forman una
escuela de pensamiento. Esto suele deberse a alguna de las dos siguientes
razones (o a ambas): a que esos argumentos dependen de una nueva metodología
que todavía no es suficientemente aceptada o a que parten de determinados
presupuestos filosóficos que no son admitidos por todos (Villoro Toranzo, 1982:
14).
En
general, el desarrollo doctrinario del derecho procesal penal latinoamericano
es muy inferior al del derecho penal. Por lo común, va a la zaga del derecho
penal o del procesal civil, aunque se tiende a la primera vertiente. Nuestros
procesalistas penales, suelen ser penalistas. Casi no hay análisis ideológico
de la legislación procesal. El descuido del derecho procesal penal llegó al
extremo de reformarse textos penales, cambiarse códigos penales enteros y
mantener los viejos códigos procesales.
El fenómeno de que la atención se haya volcado
hacia instituciones procesales anglosajonas, y especialmente a sus sistemas de
garantías, provocó una manifestación de juristas marcados por el esnobismo, es
decir, abogados que imitan con afectación las opiniones de aquellos a quienes
consideran distinguidos. Sin rodeos, en México, de pronto, como si se sacara un
conejo de la chistera, muchos juristas tenían algo que decir sobre un sistema
de justicia penal calificado de “nuevo”. Para exponer sus novedades se apeló a
las experiencias de Chile o de Colombia y, paradójicamente, se evita mencionar
a los anglosajones, muy especialmente a los norteamericanos.
El mercado nacional se llena de libros sobre
el procedimiento penal acusatorio y oral. El rigor metodológico de estas obras
es variopinto, pero su impronta es la didáctica. El afán se resume en la
voz capacitación, capacitación y más capacitación. Lo
único que parece importar es que las afirmaciones sobre este sistema de
justicia penal nuevo se transformen velozmente en doctrina jurídica. Esto es,
que se enseñen en las escuelas de derecho. La impronta de la mercadotécnia se
deja sentir en el hecho de que esos libros lleven en su título la expresión
“Juicios Orales” y vayan acompañados
de CDs, DVDs o videos.
El
discurso oficial, convertido en una especie de “catecismo” es recolectado y
registrado por obras diversas. A guisa de ejemplo, en Veracruz (México)
conviene mencionar dos obras breves: El Juicio Oral Penal y su implementación en México
de Rodrigo Ceballos Magaña y Oscar Hernández Mateos (2012) y el Manual del
Juicio Oral de Juan Carlos Ortiz Romero (2010) que nacieron como ediciones
privadas, prácticamente sin afanes de lucro, aun cuando sí con el propósito de
transmitir su saber sobre el asunto. Y, con un tema específico, se debe
resaltar el libro de Castillo Garrido, Salvador. Los jueces de control en el
sistema acusatorio en México. (2012).
Sin
embargo, los argumentos de las nuevas teorías no convencieron a todos los
juristas. Sergio García Ramírez aprueba algunos aspectos de la Reforma
Constitucional, 2008, y reprueba otros. Entre estos últimos aspectos, la
incorporación constitucional del principio de oportunidad para el ejercicio de
la acción penal y de los medios alternos para la solución de controversias,
figuran entre los capítulos centrales de la reforma procesal. En efecto –nos
dice este autor- pueden militar por los derechos de las personas y la eficacia
en la procuración y administración de justicia, pero también puede ocurrir lo
contrario. La composición vertical (entre el Ministerio Público y el inculpado)
y la composición horizontal (entre víctima y víctima y victimario) pueden
llevar hacia un régimen de soluciones negociadas, que antepone la economía a la
justicia como finalidad del sistema persecutorio penal.
La
opción compositiva desplaza de jure y de facto a los juicios orales, que han
sido el mascaron de proa de la reforma. Estos ceden el primer plano –como
efectivamente está ocurriendo- a los “pactos penales”: no sentencia, sino
convenio. No debemos caer en la ilusión de que las mejores soluciones provienen
del acuerdo entre “las partes”, como si en la realidad, que es lo que nos
interesa, ese acuerdo fuera invariablemente –o generalmente- pulcro y justo.
(García Ramírez, 2011: 63).
Sobra
decir –añade García
Ramírez- que las únicas garantías
del nuevo sistema compositivo residen en la integridad de las instituciones, la
equidad en el encuentro compositivo y el riguroso control de la autoridad
judicial. Los exámenes que hasta ahora se han hecho acerca de la marcha de las
soluciones compositivas y de los juicios orales en las entidades que las han
acogido sólo muestran datos cuantitativos; se halla pendiente la consideración
mayor: lo que los números no dicen, las referencias cualitativas desde la
óptica de la justicia.
Las TIC un nuevo medio de vida
Sergio García Ramírez hace posible
formular la segunda afirmación complementaria de nuestra hipótesis de trabajo:
no, no estamos presenciando una forma nueva de percibir (comprender,
interpretar y aplicar) las leyes procesales penales en México. Si la dogmática
jurídica insiste en reafirmar la expresión de que “No hay nada nuevo bajo el
sol”, la trampa que planta la historia se llama “tardomodernidad”. Una cosa es la post
modernidad como toma de conciencia de la crisis de la modernidad y
propuesta de nuevos modelos culturales, y otra bien distinta es la “tardomodernidad” como intento de retrasar
el final de una tradición y, en el caso, la conclusión de la tradición jurídica
de occidente. Veamos
Muy pronto se volvió
un lugar común el aserto de que las nuevas tecnologías están provocando hondas transformaciones en los modelos de comunicación y
en las relaciones humanas. Incluso que las nuevas redes digitales promueven la
justicia y los derechos humanos.
Sin embargo, el problema que aquí se observa
es que la Reforma Constitucional, 2008, en materia de Justicia Penal y
Seguridad Pública quedó atrapada entre la dogmática jurídica y la historia del
derecho. La dificultad es cognitiva, la trampa en la cual cayó la Reforma
Constitucional, 2008, está entretejida por la ley en los libros y la ley en la
acción. Haber creído que la Reforma Constitucional es garantista
constituye la gran mentira. No se cuestiona la obra de Luigi Ferrajoli, Derecho
y Razón, sino las versiones de algunos seguidores que provocaron el encanto
y el desencanto en México. El consenso social no es, no puede, ser el
fundamento profundo de la ley. Sin embargo, para profundizar en la realidad es
necesario avanzar poco a poco, dando de vueltas a las cosas.
Conviene en este
momento crucial de la exposición detenerse en el aserto de que sentir es lo
primero. La verdad que encierra esta proposición nos coloca de cara a la
posmodernidad, ya que los hombres y las mujeres de hoy sienten de manera
diferente, se trata de un sentir para crear y de un sentir para
comprender. Esto es de tal modo que para entender el fenómeno
es necesario emplear neologismos o palabras compuestas. Por ejemplo, hoy suele
hablarse del conocimiento “audiovisual” y su carácter simbólico. No deja de tener interés
observar que estas distinciones humanistas tienen extrañamente parentesco con
las características que la ciencia neurológica moderna atribuye respectivamente al cerebro derecho y
al cerebro izquierdo. El primero siente, el segundo lee, analiza razona.
Los juristas estamos
bien encaminados hacia la comprensión de las tecnologías de la Información y de
la comunicación cuando le damos tanta importancia a la oralidad y a la
audiencia, ya que se vive un momento en el cual se está superando la noción de evidencia o, si se prefiere parafrasear a Sor Juana
Inés de la Cruz, contemporáneamente habría que decir: tengo en entrambos oídos ambos ojos/y solamente lo que escucho veo. La primacía del oído reside en una
destitución del poder de enfoque del ojo sobre un punto preciso, en beneficio
de una presencia global del entorno. Por lo tanto, se mira como se oye.
Se vive una época en el cual los medios tecnológicos desarrollan más el oído
que el ojo.
Quienes han estudiados estas cosas enfatizan
dos aspectos: primero, no el predomino cuantitativo de un órgano sobre otro,
sino un cambio en las formas habituales de percepción. De detallista y
dominadora que era bajo el efecto de una visualización alfabética predominante,
la visión se hace más global y receptiva. Se seguirá hablando de evidencia en
los juicios, habrá que hacerle ver a los jueces las pruebas de los hechos
posiblemente delictivos, pero para hacerle ver es necesario hacerle escuchar,
ya que el ojo adquiere una forma de percepción que se parece a la del oído, y
en este sentido se dice que domina el oído. Las cosas se sienten a partir de la
forma de percepción del oído: sensibilidad a
las vibraciones y al entorno. Se debe destacar el peso del entorno y de aquí se
deriva la necesidad de que las Salas de Audiencias reúnan ciertas
características, ya muy difundidas. Si se quieren decir las cosas de manera
casi coloquial es necesario expresar que la emoción juega un papel primordial
en la informática.
No se olvide que se
trate de la creación o de la comprensión de las leyes, o de cualquier otra
cosa, sentir es solamente una primer a fase. Hay una considerable distancia entre
la emoción y el discurso racional.
No obstante, para
arribar a una conclusión, es necesario traer a colación las afirmaciones de
Jesús Zamora Pierce y poner en el tapete de la discusión su afirmación
céntrica: “Los autores de la reforma saben que el juicio oral no puede ser
aplicado y han concebido diversas vías de escape por las cuales pretenden
encaminar la casi totalidad de los litigios penales”.
En los países
marginados, como todo parece indicar que es el nuestro, las TIC todavía son una
curiosidad o un simple medio, un instrumento de amplificación de la cultura
tradicional de talante inquisitorial. Esta realidad coloca a los juristas
mexicanos en una situación de lucha contra adversidad si en verdad quiere impulsar
el Estado Constitucional de Derecho.
Pero, no cabe duda
que las TIC presentan y representan un medio de vida nuevo en la
historia, dando paso a un lenguaje también nuevo y suscitando una
cultura igualmente nueva en donde el protagonista, la figura principal en
este plan de fondo, es y seguirá siendo el ser humano.
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